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No hay nadie que conduzca la peluquería argentina en su conjunto. Hay instituciones con funciones parciales, ninguna con mandato ni datos para ordenar el sector. Y la agenda de 2026 la están poniendo actores de afuera del rubro.

Quién tiene representación formal

  • Trabajadores: la Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería, Estética y Afines (FeNTPEA) firma los convenios colectivos y administra la obra social.
  • Empleadores: en el último acuerdo del convenio 730/15 (peluquerías unisex) que encontré homologado con sus firmantes (Resolución 960/2020 de la Secretaría de Trabajo), firmaron la Confederación General de Peluqueros y Peinadores de la República Argentina, la Federación Bonaerense de Peluqueros, Peinadores y Afines y el Centro de Patrones Peluqueros y Peinadores de Buenos Aires. También figura la Federación Argentina de Peinadores y Afines como parte empleadora en otro convenio. No verifiqué cuál es.
  • Ninguna de estas entidades publica cuántos salones o trabajadores representa. Tampoco encontré que publiquen datos de empleo, costos o salud del rubro.

Quién tiene poder sobre el rubro, pero solo en una parte

  • Secretaría de Trabajo: homologa los convenios y fiscaliza el empleo.
  • ANMAT: decide qué productos se pueden usar, como en las prohibiciones de alisados de 2026.
  • Municipios: habilitan los locales.
  • Provincias: regulan la matrícula de estética solo en algunas, como Santa Fe y Chubut.
  • Grandes marcas y cadenas: influyen de hecho con sus academias, programas y formación, aunque no tienen ningún mandato público.

Quién marca la agenda hoy: hechos externos, no el sector.

  • La Ley 27.802 deroga el Estatuto del Peluquero desde el 1 de enero de 2027 y trae un nuevo blanqueo laboral.
  • La ANMAT sigue prohibiendo productos.
  • La inflación, las tarifas y la baja del consumo aprietan a los salones.

El rubro reacciona a esos hechos, no los anticipa.

Mi lectura: el «gran desorden» no es solo falta de liderazgo. Es falta de lo básico que cualquier conducción necesitaría:

  • saber cuántos salones y trabajadores hay y cuántos están registrados;
  • un estándar de formación acreditada;
  • una representación con padrones y renovación de autoridades que se puedan verificar;
  • una mesa donde se sienten sindicato, empleadores, Estado y proveedores.

Con la negociación que abre el fin del Estatuto en 2027, esa mesa tiene una oportunidad concreta de armarse. Hoy no hay un actor visible que la esté convocando.

Fuentes: